Si vendes una vivienda con perdidas ya no pagarás la plusvalía municipal.

PP, PSOE e IU se han puesto de acuerdo para impulsar una reforma sobre la Ley de Haciendas Locales, el pacto acordado establece que no estarán sujetos a pagar el impuesto por plusvalía municipal todos aquellos que acrediten que no ha habido un incremento del valor del inmueble tras su venta. Y para esta acreditación bastará con presentar las escrituras públicas, mientras que anteriormente se tenia que aportar una prueba pericial que suponía un elevado coste para los contribuyentes.  

Con esta reforma presentada por el grupo parlamentario en el Congreso, se ajusta la ley a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales tres artículos de la Ley de Haciendas Locales. La resolución estableció que los Ayuntamientos no pueden cobrar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal en casos en que no se ha producido un incremento en el valor del inmueble con la transmisión.

Hasta día de hoy, las haciendas municipales liquidaban el impuesto a todos los vendedores independientemente de si en la operación de compraventa se había ganado dinero o no. Muchos propietarios vieron como perdían dinero al transmitir sus inmuebles, y detectaron que tenían que pagar el tributo por una plusvalía que no habían llegado a percibir. Se recurrió al tribunal constitucional y ganaron.

Estas medidas suponen un avance, pero todavía queda pendiente qué pasará con los que pagaron indebidamente este tributo, y a los que muchos tribunales les están dando la razón.

La injusticia de pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando se vendía a menor precio del que se compró se va a terminar, gracias a una proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados que modifica la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Estas medidas impulsadas suponen un avance, pero aún hay afectados que podrían reclamar a los ayuntamientos cerca de 2.475 millones de euros por este concepto, lo que supone una media de 4.500 euros por ciudadano afectado.