El Banco de España publicó la semana pasada un artículo diciendo que el precio del alquiler en España ha aumentado en el entorno del 50% desde su mínimo a finales de 2013.

El alquiler se ha convertido en un problema social acuciante debido a la explosiva elevación de los precios, causada por la escasez de viviendas existentes y por el crecimiento de la demanda derivado de la preferencia de las nuevas generaciones de profesionales por el arrendamiento. La subida desmesurada de los precios, calculada por el Banco de España en más del 50% entre 2013 y 2018, produce a su vez un efecto angustioso sobre las familias, porque ven como una parte creciente de sus ingresos, ralentizados, cuando no directamente reducidos por la recesión, se destinan al pago de la vivienda.

Aliviar este problema debería ser uno de los objetivos prioritarios de la legislatura.

No hay mejor forma de bajar los precios que aumentar la oferta de viviendas para alquiler. Por lo tanto, uno de los pasos obligados es que, de forma coordinada, las autoridades estatales y municipales promuevan la construcción de viviendas sociales en alquiler. Los Ayuntamientos tienen mucho que decir al respecto; por ejemplo, poniendo suelo público a disposición de promociones sociales, sean para agentes públicos o privados.